Cara y Señal #15
Editorial
Equipo Cys 15
El lenguaje del desarrollo
Desalambrar el sentido
Conferencias en Río de Janeiro
Perspectivas encontradas
O que esperar da Rio+20
Pueblos originarios andinos
Desarrollo y libertad de expresión
Testimonios
Entrevista
Cândido Grzybowski
Derecho a la comunicación
Criminalización / Chile
El derecho penalizado / Chile
Periodistas asesinados en Colombia
Ley de Protección en México
Ley de Telecomunic. / Bolivia
El itinerario de la diversidad
La radio
Eso es una radio
El tratamiento del agua / Nicaragua
Asociación Pukllasunchis / Perú
Cosmovisiones / Guatemaya
Audiovisual Infantil / Colombia
Género
Ley contra la violencia / Nicaragua
Radio Candela / Paraguay
La red
Jóvenes en Centroamérica
Declaración del encuentro
Conferencia de AMARC Colombia
Memoria escrita / Colombia
La Primavera árabe y los medios
Asia Pacífico desde América Latina
Por los países
Declaración de AMARC ALC
Sabías qué?
Radio Mochila / América Latina
La radio saludable / Perú
Publicaciones de AMARC ALC
La violencia en Honduras
Encuentro de Comunicación / Uruguay
Foros de comunicación / Perú
Informes de la Agencia Púlsar
(La red)
Declaración de AMARC ALC
Reafirmación
El trato a las radios comunitarias es parámetro del respeto a los derechos humanos por parte de los Estados.
Los y las representantes nacionales de catorce países latinoamericanos, junto al Consejo Regional y el Programa de Legislaciones y derecho a la comunicación de AMARC ALC, reunidos en Lima, Perú, el 25 y 26 de noviembre de 2011, hemos revisado la situación de las radios comunitarias de la región a la luz de los Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual formulados en 2010 por nuestra organización.
Tomando en consideración:
● La situación de los medios de comunicación en general y de los medios comunitarios en particular en Honduras, caracterizada por un ambiente hostil a la actividad comunicacional, en la que se pone en riesgo en forma cotidiana la vida de las personas y la integridad de las instalaciones.
● La existencia de medidas cautelares determinadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) respecto de tales hechos ocurridos en Honduras.
● La situación de violencia contra el periodismo que se verifica en la República de México.
● El marco legal discriminatorio contra los medios comunitarios mexicanos, que se suma a una deuda histórica que se manifiesta en las modificaciones y los vacíos que aún subsisten tras la declaración de inconstitucionalidad de partes sustantivas de la reforma a la Ley Federal por parte de la Corte Suprema.
● La existencia de varios centenares de personas bajo proceso penal en Chile, Brasil, México y Guatemala, países donde las condiciones legales impiden acceder a la concesión o licencia de un medio de radiodifusión, con agravantes tales como exigir para la procedencia de medidas de probation la entrega del equipamiento a las emisoras comerciales o sus cámaras societarias.
● La verificación en varios países del continente de la vocación de los sectores concentrados de la radiodifusión, en alianzas con sectores políticos, de obtener reformas legales que garanticen la inamovilidad de los actuales propietarios de los medios en el espectro radioeléctrico, por vías tales como la entrega de las licencias a perpetuidad, prórrogas automáticas sin constatación alguna del cumplimiento de las leyes o aumento de los plazos de asignación de licencias o concesiones, determinando así la equiparación de las mismas a la entrega de un derecho de propiedad sobre un recurso caracterizado como patrimonio común de la humanidad, implicando un privilegio inadmisible en el sistema democrático del Estado de derecho, circunstancias de ocurren en Chile, México, Guatemala y Honduras.
● La constatación de la permanencia en los regímenes legales en países como Honduras y Guatemala de mecanismos de asignación de frecuencias por vía de subasta, contrariando las advertencias del SIDH.
● La insistencia del Congreso paraguayo en adoptar reglas discriminatorias y criminalizantes de los medios comunitarios.
● La inexistencia de reglas jurídicas que admitan el funcionamiento de los medios comunitarios como tales en varios países de la región o bien que sólo los admiten en condiciones de discriminación que las condena a la extinción o escasa visibilidad social.
● La aún inconclusa discusión de nuevas y más democráticas reglas para la actividad en Uruguay y Brasil.
● La subsistencia, pese a los reclamos del SIDH, de las previsiones legales de sanciones penales a quienes no pueden acceder legítimamente a la posesión de una licencia o concesión para operar servicios, lo que significa amenazar con la pérdida de la libertad personal a quienes quieren ejercer el derecho a la comunicación.
Declara:
● Su repudio a las regulaciones y prácticas administrativas discriminatorias contra los medios comunitarios y de la sociedad civil.
● Su rechazo a los actos de violencia contra los trabajadores y trabajadoras de los medios comunitarios, ya sea a través de violencia institucional o delincuencial que buscan acallar a las organizaciones de la sociedad civil.
● Su preocupación y rechazo por la adopción de reglas antidemocráticas destinadas a mantener situaciones de privilegio en la actividad radiodifusora a favor de los sectores más poderosos de nuestras sociedades.
● Su rechazo absoluto a la existencia de reglas penales que castigan a los medios de comunicación comunitarios que no tienen posibilidad de regularizar su situación en condiciones democráticas y accesibles.
AMARC ALC hace un llamado a los Estados de la región y a los órganos del SIDH para concretar:
● La sanción de reglas jurídicas más democráticas y compatibles con los Estándares Interamericanos de libertad de expresión y derecho a la comunicación.
● El cese de las prácticas discriminatorias contra los medios comunitarios y la abolición de las leyes que las permiten.
● El cese de las prácticas facilitadoras del aumento de la concentración y los monopolios en la radiodifusión.
Lima, Perú, 25 de noviembre 2011. •
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