EN ESTE NÚMERO (15)
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De hecho, Cárdenas tenía una larga trayectoria en la vida de su comunidad: además de haber fundado y dirigido la radio, estaba al frente de la Red Radial Cafetera, asociada a AMARC en Colombia, y representaba a la región del occidente colombiano ante el Comité Consultivo de Radio del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Pocos días antes, había participado de la Asamblea de AMARC Colombia y se había postulado, junto a cuatro comunicadores más, para ser Representante nacional de la red. El 29 de marzo otro periodista corrió con el mismo destino: Jesús Martínez Orozco, conductor de programas culturales en la radio local La Nueva en Sabanalarga, departamento de Atlántico. En julio de 2011 había sido asesinado en Antioquia Luis Eduar do Gómez, periodista y testigo en investigaciones sobre los nexos entre grupos paramilitares y políticos locales. Tres crímenes más decomunicadores se cometieron en 2010. La detención y condena a 21 años de prisión del asesino de Cárdenas –que confesó haber recibido una suma de dinero por matar al periodista– no da cuenta del móvil ni de los autores intelectuales del crimen, que aún se desconocen. AMARC y muchas otras organizaciones de defensa de la libertad de expresión demandaron que las autoridades investiguen la posibilidad de que el ejercicio del periodismo sea el móvil del homicidio. Exilio y mordazas Tantos más son los casos de periodistas que denuncian intimidaciones. Es el caso de Mary Luz Avendaño, que investigaba la violencia entre bandas de narcotráfico en Antioquia y los nexos con la policía, y Gonzalo Guillén, autor de un documental sobre la liberación de Ingrid Betancourt. Con frecuencia, los periodistas que reciben amenazas se ven en la necesidad de huir de sus ciudades para intentar resguar darse, y las emisoras condicionan su línea editorial para evitar represalias. Tal es el caso de la radio comunitaria Briceño Stereo. Su director, Edilberto Agudelo, en agosto de 2011 denunció al aire la golpiza de la que fue víctima de parte de la organización paramilitar Los Urabeños. Recibió amenazas, hasta que en una de ellas lo instaron a dejar el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, y así lo hizo. La radio limitó el tratamiento de información política, pero en abril de 2012 las amenazas se hicieron extensivas a Dionisia Morales, locutora de la emisora que su marido había dirigido hasta ser exhortado al exilio, y ella también dejó la ciudad. Confinados e impedidos de ejercer el periodismo, cuestionaron la falta de apoyo del gobierno que subestimó las amenazas a los comunicadores. Jesús Antonio Par eja fue declarado objetivo militar por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por difundir en la radio comunitaria La Voz de la Tierra publicidad del ejército y apoyar la Ley de Restitución de Tierras. El comunicador abandonó el municipio de Roncesvalles para asentarse en la capital del departamento de Tolima y escapar a la persecución de los grupos armados. La herencia de la «seguridad democrática» El informe de la Misión de libertad de expresión que AMARC realizó en Colombia en mayo de 2010 da cuenta de los amedrentamientos a periodistas como un riesgo extremo en el contexto comunicacional de ese país. Señala que «las intercepciones telefónicas, las amenazas de muerte, el exilio de algunos periodistas y las expresiones verbales directas del (entonces) Presidente Álvaro Uribe criticando a comunicadores de la oposición, han generado un clima de amedrentamiento que hace vulnerable el ejer cicio profesional y alienta las prácticas de autocensura». En la clasificación mundial que realiza Reporteros sin Fronteras para alertar sobre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, Colombia ocupa el puesto 143 entre 179. El informe sintetiza que «La política de ‹seguridad democrática› heredada de los años de Uribe se tradujo en graves desvíos, uno de ellos fue el espionaje sistemático de periodistas por parte de los servicios secretos. Aunque los paramilitares –la principal fuente de terror– fueron desmovilizados de forma oficial, están lejos de haber dejado las armas en ciertas regiones. Colombia no ha acabado con un conflicto armado cuyos crímenes aún no han sido juzgados.» En el escenario de confrontación, ninguno de los actores involucrados –fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares y guerrilla– distingue entre combatientes y población civil. El costo son las graves e ir reversibles violaciones a los derechos humanos más elementales.  •
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