EN ESTE NÚMERO (15)
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La economía verde se propone como el marco conceptual para la toma de decisiones en la Cumbre oficinal Río+20, y es también el blanco de las críticas de las organizaciones que se nuclean en la Cumbre de los Pueblos. El Borrador cero es al mismo tiempo el documento base para las discusiones de Río+20 y el texto preliminar de las conclusiones de los tres días de sesiones. En el centro de El futuro que queremos –tal es el título de este documento presentado por el Comité Preparatorio de la Cumbre de Naciones Unidas– está el concepto de «economía verde». Naciones Unidas la define como «una economía que resulta en la mejoría del bienestar de la humanidad y la igualdad social», que es «eficiente en el uso de recursos naturales» y socialmente inclusiva. El término «economía verde» se ubica junto al de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Esto es así –explican desde la Oficina latinoamericana del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)– para resaltar, primero, que «no se puede hablar de economía verde independientemente de acciones directamente ligadas a atender las necesidades de los grupos más vulnerables; y segundo, que no puede existir una economía verde si los patrones de consumo y producción no garantizan que la mejora en el estado del medio ambiente y los beneficios sociales estén presentes.» Entonces la economía verde debe contribuir al bienestar humano y a la equidad social, reducir los riegos ambientales con la utilización eficiente y socialmente incluyente de los recursos y con bajas emisiones de carbono. «Estamos convencidos de que una economía verde […] debería contribuir al cumplimiento de los objetivos clave, en particular las prioridades de la erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, la gestión racional del agua, el acceso universal a servicios energéticos modernos, ciudades sostenibles…», afirma el Borrador cero. Pero muchas organizaciones sociales, no tan convencidas de este enfoque, se permiten cuestionar en qué medida la economía verde es capaz de resolver la crisis actual o si es más bien una estrategia para sobrepasar la crisis sin cuestionar los cimientos del modelo que la provoca y la profundiza. Tasar el medio ambiente El documento del PNUMA* apunta que «la transición a una economía verde no es un obstáculo para el desarrollo y la industrialización». Por el contrario, «puede conducir a nuevas oportunidades de mercado» si se tienen en cuenta los impactos de distribución internacional y si las normas comerciales impiden a los países «el uso de preocupaciones ambientales como un pretexto para la protección del comercio», siempre y cuando no se resigne la gestión sostenible de recursos. En ese sentido, una de las medidas que sugiere a los estados es considerar «la corrección de las externalidades negativas, para asegurar que los precios reflejen los costos sociales y ambientales reales, que a menudo no son captados por el mercado.» A este aspecto apuntan las críticas más fuertes a la economía verde, al punto en que recurre a los mecanismos de mercado como respuesta a una crisis que se origina justamente en los modelos de producción y consumo. A considerar, como dice Boaventura de Sousa, que «no hay otra manera de relacionarnos entre los seres humanos y con la naturaleza que no sea a través del mercado». Para el sociólogo portugués, las propuestas de la economía verde buscan «convencer a los mercados (siempre libres, sin restricciones) sobre las oportunidades de lucro que ofrece invertir en el medio ambiente, calculando los costos ambientales (externalidades) y atribuyendo valor mercantil a la naturaleza». Un ejemplo: REDD, la propuesta de reducción de emisiones de gases que provocan efecto invernadero, es también una iniciativa que se centra en el mercado –de carbono en este caso– para mitigar el cambio climático (ver Qué trueque tan desigual… en esta revista). Implica la valoración económica no sólo de la naturaleza en términos materiales, sino también de los procesos y las funciones que puede cumplir como, en este caso, la absorción de dióxido de carbono. La naturaleza, la biodiversidad, es nombrada como «capital natural» y considerada un «activo económico fundamental» y fuente de beneficios públicos. Los daños al medio ambiente se ponderan como costos del proceso productivo. Comprender que la naturaleza tiene límites parece impactar apenas en su valuación. Las empresas transnacionales, beneficiarias del modelo que generó la crisis económica, alimentaria, ambiental y climática, son las mismas que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y mercados de la economía verde. Esta conclusión se desprende del informe de ETC –Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración– que revela las conexiones entre crisis climática y del petróleo, nuevas tecnologías y corporaciones. En la conjunción de empresas químicas, farmacéuticas, forestales, petroleras, de agronegocios con las de biología sintética, geoingeniería, transgénicos y genómica se expande la posibilidad de transformar la biodiversidad en energía, plástico, alimentos, en definitiva, en mercancía. «Un sistema que busca pintarlo todo de verde pero manteniendo su base intacta», sintetiza Francisca Rodríguez de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VC). La perspectiva no es nueva: en la Conferencia de 1992 la responsabilidad de las empresas en la devastación ambiental se fue diluyendo tras proyectos de producción ambientalmente sustentables, el apoyo a campañas de cuidado del medio ambiente, la promesa de desarrollo de tecnologías de generación de energías menos contaminantes y «negocios verdes». Una perspectiva que asienta las posibles salidas a la crisis en el mercado porque responde a una matriz que desde ese enfoque acota la comprensión del problema. «Una civilización despilfarradora, consumista, excluyente, clientelista, generadora de opulencia y miseria ha sido configurada sobre este patrón», remarcó la delegación boliviana en el Foro Ambiental Mundial, y remató: «Este es el patrón de producción/consumo que debemos transformar.» • Notas: *Economía Verde en el contexto del desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza: Una perspectiva desde América Latina y el Caribe. Febrero de 2012
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