Cara y Señal #15
Editorial
Equipo Cys 15
El lenguaje del desarrollo
Desalambrar el sentido
Conferencias en Río de Janeiro
Perspectivas encontradas
O que esperar da Rio+20
Pueblos originarios andinos
Desarrollo y libertad de expresión
Testimonios
Entrevista
Cândido Grzybowski
Derecho a la comunicación
Criminalización / Chile
El derecho penalizado / Chile
Periodistas asesinados en Colombia
Ley de Protección en México
Ley de Telecomunic. / Bolivia
El itinerario de la diversidad
La radio
Eso es una radio
El tratamiento del agua / Nicaragua
Asociación Pukllasunchis / Perú
Cosmovisiones / Guatemaya
Audiovisual Infantil / Colombia
Género
Ley contra la violencia / Nicaragua
Radio Candela / Paraguay
La red
Jóvenes en Centroamérica
Declaración del encuentro
Conferencia de AMARC Colombia
Memoria escrita / Colombia
La Primavera árabe y los medios
Asia Pacífico desde América Latina
Por los países
Declaración de AMARC ALC
Sabías qué?
Radio Mochila / América Latina
La radio saludable / Perú
Publicaciones de AMARC ALC
La violencia en Honduras
Encuentro de Comunicación / Uruguay
Foros de comunicación / Perú
Informes de la Agencia Púlsar
(Derecho a la comunicación)
Ley de Protección en México
La defensa de vida
Defender derechos humanos o ser periodista son labores de altísimo riesgo en México. Se han multiplicado las agresiones y asesinatos. Las radios comunitarias, vulnerables por la falta de reconocimiento legal, incomodan: son herramientas de información pero además se inscriben en un espacio para la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz. La Ley de Protección reconoce su labor específica por primera vez en este país, y establece medidas de prevención y apoyo para periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos.
Por Gisela Martínez, AMARC México
Las violaciones a los derechos humanos se incrementaron de manera alarmante en los últimos seis años. Buena parte de la población mexicana ha visto negados sus derechos más elementales: la libertad de expresión, la libre circulación y residencia, la integridad personal y hasta el derecho a la vida.
Los defensores y defensoras de derechos humanos reforzaron sus esfuerzos y quienes ejercen el periodismo se encargaron de dar los hechos a conocer. Ambos grupos se convirtieron en el blanco favorito de criminales y autoridades corruptas. No es temerario decir que a los periodistas los matan cuando empiezan a evidenciar los nexos entre criminales y autoridades o publican otr os actos de corrupción.
En la quincena del 28 de abril al 13 de mayo de este año, cinco periodistas fueron asesinados: Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge, Irasema Becerra –todos en Veracruz– y René Orta Salgado, que apareció en la cajuela del auto en Morelos. Un medio de comunicación fue atacado. Se registraron además 62 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, entre las que se incluyen cinco asesinatos, según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Las radios comunitarias viven una situación crítica. No ser reconocidas legalmente las hace vulnerables y presa fácil de la criminalización. Así lo demuestran los casos de Héctor Camero y Juan José Maza, comunicadores comunitarios que enfrentan sentencias penales por haber operado una estación de radio sin licencia, a pesar de haberla solicitado en diferentes ocasiones acreditando la necesidad de la comunidad de contar con un medio propio. Las radios comunitarias informan, denuncian e impulsan a la población a participar, a involucrarse, a dialogar con las autoridades. Promueven una cultura de paz. Incomodan. Son blancos de grupos criminales y de autoridades locales que provocan la autocensura como medida de protección.
Justicia por mano propia
Frente al grave riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas, las organizaciones civiles impulsan desde hace años la creación de mecanismos de protección y trabajaron para lograr una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es fruto de más de 25 sesiones de trabajo entre asesores de diversos congresistas liderados por el presidente de la Comisión de Relaciones exteriores y organizaciones no gubernamentales, senador Rubén Camarillo, y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, donde aportaron su acompañamiento las Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos brindó respaldo técnico.
En las sesiones se analizaron estándares internacionales, buenas prácticas de experiencias en otros países y las recomendaciones emitidas a México por diversos organismos internacionales para que se garantice protección a comunicadores y defensores de derechos humanos a través de una ley acorde con el derecho doméstico, eficaz, eficiente y de ágil respuesta.
Después de seis meses la ley fue aprobada de manera unánime por todas las bancadas de la Cámara de Senadores y el 30 de abril la Cámara de Diputados hizo lo propio.
Promesa y compensación
Esta ley es la primera en su tipo en el mundo: una norma de jerarquía superior que crea un mecanismo de protección, establece responsabilidades y sanciona su incumplimiento u obstrucción, que la sociedad civil supervisa a través de un Consejo consultivo. Señala tiempos precisos para aplicar medidas de prevención y protección de acuerdo al tipo de agresión. Crea unidades técnicas y científicas para evaluar los riesgos según el trabajo de la persona que requiere ser protegida. Además, contempla la creación de un fondo para realizar estos estudios e implementar las medidas de protección.
La propia creación de la ley es un reconocimiento a la labor de defensoras y defensores, de las y los periodistas en la consolidación de la democracia y ese reconocimiento es en sí mismo una medida de prevención. Al ser promulgada, será la primera norma mexicana de esta jerarquía que acoge a las radios comunitarias.
Estos mecanismos de protección vienen a subsanar una tarea que el Estado incumple: garantizar que la labor de periodistas y defensores pueda desarrollarse sin riesgo. Es una respuesta emergente al contexto de violencia, pero el combate a la impunidad es una lucha que damos desde otras trincheras.
A casi un mes de la sanción en la Cámara de Diputados, resta que el Presidente publique en el Diario Oficial la promulgación de la ley o, en su defecto, que se cumpla el plazo legal para que sea el Presidente de la Cámara de Senadores quien la ponga en vigencia. Es un tema de voluntad política. •
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