EN ESTE NÚMERO (15)
 
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Cara y Señal #15
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(El lenguaje del desarrollo)
Pueblos originarios andinos

Modelo minado


Megaproyectos de infraestructura en Ecuador, una Ley de Consulta que viola la Ley de Protección al TIPNIS en Bolivia, los territorios indígenas convertidos en campos de batalla en Colombia, los proyectos mineros en cabeceras de cuenca y zonas vulnerables de Perú. Todos estos ejemplos dan cuenta en la declaración de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) de problemáticas y políticas comunes: «en toda la región se afectan los bienes naturales, en particular el agua, los territorios y los derechos de los pueblos indígenas». Las causas, analizan, también se repiten: «el sometimiento al extractivismo neoliberal, que criminaliza para beneficiar a las grandes empresas y profundiza el modelo primario exportador, todas con el mismo pretexto: no ahuyentar las inversiones extranjeras.»

Mientras representantes indígenas de los países andinos se reunían en Lima, miles se movilizaban en Ecuador en la Marcha Plurinacional por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) que llegó a Quito el 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua.

Las actividades extractivas de gran escala están en el centro de las críticas, tal vez porque condensan –en Ecuador como en otros tantos países de la región– buena parte de los cuestionamientos al sistema que las sustenta: grandes inversiones transnacionales en industrias contaminantes en desmedro de las actividades agropecuarias que sostienen al campesinado, extranjerización de recursos no renovables, desplazamientos forzados, profundización de las desigualdades económicas y sociales. Los organizadores de la Marcha dan este ejemplo como muestra del modo en que la megaminería afecta al medio ambiente: al final de su producción, el proyecto minero Mirador –concesionado a la empresa ECSA– habrá arrojado 325 millones de toneladas de desechos contaminantes: cuatro veces el volumen del Panecillo de Quito, equivalente a la producción de residuos sólidos de la ciudad de Cuenca durante 4.500 años.

Los y las marchistas ecuatorianos acusaron la presencia de infiltrados en las manifestaciones y campañas de desprestigio impulsadas por el gobierno. En el mismo sentido, la Declaración de la reunión de la CAOI, que reúne a organizaciones indígenas de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y de Perú, señala que los Estados «estigmatizan, criminalizan, discriminan y persiguen a las organizaciones indígenas, acusando a sus dirigentes de delitos gravísimos como el terrorismo y el sabotaje.»

«Por la construcción e implementación del Buen Vivir y de auténticos Estados plurinacionales. Defender el agua es defender la vida. Basta de extractivismo y de criminalización», es la síntesis con que fue presentado el pronunciamiento de la CAOI después del seminario sobre cambio climático preparatorio para Río+20.

En vistas a la Conferencia mundial, las organizaciones indígenas andinas acordaron «construir y consensuar nuestras propuestas en defensa de la Madre Tierra, para que éstas sean reconocidas por los Estados, compartidas y enriquecidas por los movimientos sociales y llevadas hasta los espacios internacionales de toma de decisión».  •




 
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