En abril del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares para proteger a los periodistas que conforman La Voz de Zacate Grande, una radio comunitaria integrante del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, debido a las agresiones y amenazas constantemente sufridas.
Desde sus inicios en 2010, los miembros de la emisora han sido blanco de múltiples actos de hostigamiento y agresión que han buscado intimidar a los comunicadores y lograr el cierre de la radio, callando la voz de pobladores de 10 comunidades que siguen esperando por la recuperación y titulación de sus tierras. Algunos trabajadores de la radio han sido incluso detenidos de manera arbitraria por la policía para impedir que ejerzan su derecho a la libertad de expresión
El hecho más grave registrado hasta el momento en la mencionada emisora fue el intento de asesinato del Presidente de la junta directiva que salvó de morir aunque fuera finalmente alcanzado por una bala que lo hirió en la pierna.
Frente a todo ello la CIDH solicitó al Estado de Honduras tomar las adecuadas medidas para proteger a los periodistas de La Voz de Zacate Grande para garantizar su vida e integridad física, además de preservar su derecho a la libertad de expresión. Las medidas cautelares han sido solicitadas por AMARC ALC, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Se ha pedido que para la implementación de las medidas cautelares se busque el consenso con los beneficiarios, poniendo un plazo de 20 días para la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas. Existe un alto nivel de riesgo en la profesión periodística en toda Honduras.
A pesar de los constantes comunicados haciendo un llamado a la adopción de medidas cautelares para proteger a los periodistas de diferentes medios, estos no han tenido los efectos esperados. En un Informe de Libertad de Expresión 2010 de C-Libre, se muestra la falta de acción de la Secretaria de Seguridad al incumplir con la protección y resguardo de la integridad física de aquellos periodistas con amenazas de muerte, quienes incluso han sido víctimas de nuevas agresiones. En el mismo informe –ILE 2010[1]-, C-Libre señala que “la promoción y el respeto de la libertad de expresión y de los derechos humanos constituyen hoy el fundamento esencial para la existencia del estado de derecho y la democracia como forma racional y pacífica de convivencia que permite el pleno desarrollo de la persona humana”.
C-Libre pidió ante las autoridades competentes el cese de agresiones y la persecución a periodistas, comunicadores y medios de comunicación alternativos o comunitarios. Asimismo, solicitó al Ministerio de Seguridad realizar a la brevedad las investigaciones por la muerte de periodistas para poder procesar a los criminales relacionados. También pidió que se haga efectivo el compromiso de reformar la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, así como la creación de la Comisión para la Protección de la Libertad de Expresión, en donde se consideraría a la libertad de expresión como un bien social.
Al término de su visita a Honduras en agosto del 2012, el Relator especial sobre Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, señaló que en ese país existe el índice más alto de asesinatos de periodistas en América Latina. Recalcó además que entre el 2006 y el 2012 son 23 los periodistas asesinados, siendo judicializados solo 6 de esos casos, de los cuales solo dos llegaron a sentencia.
“El Estado debe impulsar mecanismos de protección física, legal y política para la prensa”, señaló La Rue, quien además refirió que en una sociedad democrática y plural se necesita una prensa que opera bajo el principio de la diversidad y el pluralismo. Sugirió a las autoridades hondureñas revisar el marco legal de la comunicación en Argentina y Uruguay como ejemplo a tomar en cuenta, recomendando además el promover una ley que administre el uso de frecuencias y su distribución.
Por su parte, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, mantuvo una reunión de tres horas con Frank La Rue en la que le planteó sus dudas acerca de quién sería el beneficiario de su visita, si el régimen, los periodistas, el pueblo, las víctimas, las radios comunitarias, etc.
Oliva afirmó que ante los “resultados timoratos” de La Rue el beneficiado es el Estado, por lo que conminó al Relator a entender la problemática del país centroamericano, que sufre una fuerte militarización, donde las manifestaciones de los jóvenes son fuertemente reprimidas y sus dirigentes son judicializados e incluso asesinados.
Puso al tanto al Relator de la problemática que atraviesa la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, amenazada por Miguel Facussé, un ilícito terrateniente que busca instalar una radioemisora y con la ayuda de jóvenes oponerse a la radio La Voz, un hecho que Oliva califica de “siniestro”. Para ella esta es una muestra más de la influencia del poder económico en Honduras.
Una alternativa propuesta por Oliva es que ante la crisis y el desamparo en que se encuentran las radios comunitarias es la articulación y la suma de esfuerzos para fortalecerse entre sí, puesto que el gobierno nunca actuará en favor de ellas. La acción conjunta podría garantizar su supervivencia ante los constantes ataques recibidos y la acción de funcionarios públicos que pretenden silenciar sus emisoras.
En noviembre del 2012, Reporteros sin Fronteras envió una carta al Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) denunciando los hostigamientos y represiones de esta comisión hacia diferentes radios comunitarias asociadas al Consejo Cívico de las organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH).
El día 13 de noviembre, representantes de CONATEL asistieron a la sede del COPINH realizando una acción considerada como represiva en contra de tres radios comunitarias de dicha organización, ya que, basados en una queja del año 2007 rechazada por su propio departamento jurídico, procedieron a reducir la potencia de emisión y cambiaron la frecuencia de la radio Guarajambala FM, dando para ello un plazo límite de 10 días en los que deberían realizar los cambios exigidos, de lo contrario el material de radiotransmisión sería decomisado y deberían pagar una multa de un millón de lempiras –o aproximadamente USD 50,000-.
COPINH cuenta con tres radios comunitarias: Radio Guarajambala FM, La Voz Lenca FM y La Voz Lenca AM, que pertenecen además a AMARC-Honduras, y que recibieron licencias inutilizables puesto que ellas fueron otorgadas también a otras estaciones, evangélicas o comerciales, provocando saturación e interferencia.
El COPINH informó de ello al CONATEL, que nunca respondió a pesar de haber prometido una inspección de terreno, por lo que se las arregló para transmitir a través de otra frecuencia, debido a que, en su calidad de asociación indígena, puede disponer de sus propios medios de comunicación, un derecho garantizado por el artículo 169 de la convención de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Desde el 2007, CONATEL acusa a COPINH de interferir la frecuencia de Radio Metrópolis, la que trabaja en Comayagua, otro departamento, por lo que la acusación carece de fundamento. En esta ocasión la CONATEL ha arremetido una vez más contra COPINH a pesar los descargos realizados. Organizaciones internacionales de la defensa de la libertad de información le han pedido a CONATEL actuar con coherencia y de manera clara. Cabe mencionar que la COPINH ha atribuido estas amenazas y ataques a la cobertura que han dado a las políticas represivas del Estado contra las comunidades indígenas.
Se espera una respuesta oportuna de parte del Presidente Porfirio Lobo Sosa, quien además tomó el compromiso de hacer de Honduras “un país donde la libertad de expresión, según los lineamientos establecidos y recomendados por la ONU, se respetaría sin falta”, en el 2010 en Ginebra. Para ello todas las amenazas y presiones contra los medios deben parar y se debe restablecer una información plural para evitar agresiones contra los periodistas, que en los últimos diez años han tomado la vida de 31 de ellos, 26 de ellos tan solo a partir del 2009[2].
