Las radios Tentación de Paine y Kimche Mapu del valle Puquiñe Lumaco, de la comuna de Lanco, son dos de las emisoras comunitarias que se vieron afectadas en 2012 por la aplicación del artículo 36B letra a) que criminaliza el uso sin licencia del espectro radioeléctrico. Marcelo Nuñez Fuentes y Mireya Manquepillán Huanquil decidieron enfrentar el juicio oral como un acto en defensa de la libertad de expresión y a manera de denuncia contra la penalización del ejercicio de sus derechos.
En el caso de Radio Kimche Mapu se vulneró además los derechos humanos, sociales y culturales de la comunidad indígena mapuche que conforma el Centro de educación, comunicación y cultura Kimche Mapu del valle Puquiñe Lumaco. La aplicación del mencionado artículo de la Ley General de Telecomunicaciones[1], contradice los deberes del Estado establecidos en la Ley Indígena y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obligan a respetar el derecho a la asociación y a la expresión de los pueblos originarios. Al final, la Fiscalía determinó suspensión del procedimiento aplicando principio de oportunidad[2].
En el caso de la Radio Tentación, a la audiencia pública realizada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo fue: ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile) y la Fiscalía, contra Marcelo Muñoz director de Radio Tentación de Paine. La parte querellante solicitó la suspensión del procedimiento, prohibición de transmitir por dos años y firma cada 6 meses durante ese período.
Sin embargo, las excepciones a esta resolución establecen un explícito reconocimiento al derecho de la emisora a transmitir contenidos de carácter social y con finalidades de servicio comunitario, además de la devolución de los equipos. La Defensoría Pública prestó consejo a la Radio Tentación de Paine que logró acogerse a las excepciones, y dado que no existen concursos abiertos para optar por licencias radiales en la zona, la emisora consiguió que la audiencia determinara que los equipos incautados en noviembre de 2010 vuelvan a la emisora para que pueda continuar operando. El caso ha sentado un precedente positivo para las radios comunitarias.
Por su parte, Radio Kimche Mapu aún no tiene concesión. A pesar de estar ubicada en una localidad apartada y gestionada por una asociación indígena. Además, según las disposiciones de la autoridad no habrá llamado a concurso para licitar frecuencias hasta 2014. La líder mapuche, Mireya Manquepillán, calificó esta situación como una injusta persecución penal, dado que, incluso después de la resolución de la fiscalía que dejó sin efecto el juicio por principio de oportunidad, un radio difusor comercial de la comuna continuó presionando la autoridad reguladora para que presente una recusación en este caso.
Asimismo, durante el 2012, Radio Lógica de Peñalolén –Región Metropolitana- y Radio Galáctika de San Antonio –Región de Valparaíso- fueron denunciadas por transmisión ilegal, al mismo tiempo que se discutía en el Congreso modificar el artículo que penaliza la radiodifusión sin licencia.
Los comunicadores de Radio Lógica alegaron que si bien se han abierto llamados a concursos, estos fueron cerrados por razones técnicas ya que la Ley de Radios Comunitarias aún no entra en plena operación, y en la práctica no existen concursos públicos de radiodifusión desde el año 2010, develando una situación discriminatoria contra el sector social comunitario.
Debido a la mala gestión de la SUBTEL, desde el año 2005, han sido casi 8 años de puertas cerradas para la entrada de nuevas voces ciudadanas al espectro radioeléctrico.
El 28 de agosto 2012 se registró un caso más de aplicación del artículo 36B letra a) cuando la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) allanó los estudios de Radio Vecina 96.5 FM en Collipulli, decomisando los equipos y encarcelando al señor Víctor Díaz, quien tuvo que pasar una noche en el calabozo, a quién además le espera un juicio por “radiodifusión ilegal”[3]. Radio Vecina permanece fuera del aire a la espera de que SUBTEL abra los concursos para obtener una licencia de radiodifusión bajo la nueva ley de radios comunitarias.
También en 2012, AMARC Chile y la Asociación de Corresponsales Internacionales en Chile expresaron su preocupación por la denuncia de un intento de incautación de material audiovisual por parte de detectives al canal 40 TV Aysén, luego de un mes de intensas protestas en la región. El procedimiento usado por la policía no se ajustó a las normas vigentes que exigen una orden judicial previa para requerir el material, luego de haber sido retirado el articulado, que contemplaba la ley de Orden Público del ministro Hinzpeter[4], relativo a legitimar la práctica de la incautación de materiales periodísticos para investigaciones policiales.
Durante el transcurso del año 2012 se registró también el hostigamiento a periodistas. El periodista Mauricio Weibel Barahona, es hijo de José Weibel, dirigente del Partido Comunista Chileno, detenido y desaparecido en 1976, fue víctima de tres intrusiones y robos en su domicilio entre los días 14 y 16 de diciembre luego de la publicación de archivos desclasificados sobre la dictadura militar en su libro “Asociación Ilícita: los archivos secretos de la dictadura” (Ed. Ceibo, octubre de 2012). Weibel no fue el único, otros periodistas que trabajan en el mismo tema también fueron también víctimas de robos y amenazas.
Carlos Dorat Guerra, coautor del libro antes mencionado, recibió llamadas telefónicas de desconocidos que extrañamente permanecían en silencio al otro lado de la línea. Por otro lado, la noche del 15 de diciembre de 2012 al periodista Javier Rebolledo, autor de “La danza de los cuervos”, que aborda casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía secreta, le robaron un disco duro.
Entre otros de los afectados se encuentra Cristóbal Peña, autor de “Los fusileros, Crónica secreta de una guerrilla en Chile” -un relato político sobre los años de la dictadura- a quien le robaron el ordenador. Mientras que a Pascale Bonnefoy, a quien Reporteros sin Fronteras defendió en 2010 tras un juicio en el que se le acusaba de “calumniar” e “injuriar” a un ex militar que estuvo a las órdenes de Pinochet, también sufrió el robo de su ordenador, un disco duro externo y una cámara fotográfica.
[1] El artículo 36B letra a) fue incorporado en el año 1991 a la Ley General de Telecomunicaciones, y considera como delito de acción pública a quien opere servicios de radiodifusión sin autorización, estableciendo penas de presidio, multas y decomiso de los equipos e instalaciones.
[2] Es la facultad de los fiscales del Ministerio Público de no iniciar la investigación de un delito o de no continuar la ya iniciada cuando el hecho no comprometa gravemente el interés público.
[4] Ver: http://www.radiotierra.cl/node/4201
