En agosto de 2012, el gobierno chileno presentó una reforma sobre Televisión Nacional de Chile con la cual se busca “liberalizar el bien público” para asimilarlo a otro canal comercial y hacerlo más “competitivo”. Y si bien no se trata de una privatización en cuanto a la propiedad de la empresa, si se busca modificar el giro en circunstancias en las que el actual modelo chileno obliga a la estación pública a autofinanciarse.
Para Lorena Donoso, asesora jurídica del Observatorio FUCATEL, es una vergüenza que mientras existe un proyecto de ley actualmente en debate a favor de la modernización de TVN, se plantee otro proyecto que pretende igualar TVN a cualquier otro canal comercial, “con lo cual se acabó la televisión pública en Chile”[1]. Cabe resaltar que TVN tiene un estatuto legal que le impide recibir subvención del Estado.
Por su parte, la tramitación del proyecto de Ley de TV digital ha sido recibida con mesura por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los puntos más importantes es que la gratuidad del servicio aún no está plenamente garantizada.
Para FUCATEL, con la norma “no se está escenificando ningún cambio” pero si hay avances en la definición del servicio de TV como el de las obligaciones de los canales de señal abierta y la obligación del pluralismo. En contra parte, surge como riesgo el dejar a libertad del canal las campañas de servicio público, aunque definidas por el CNTV. Aun así, es necesario mejorar el sistema de evaluación de proyectos para adjudicar las concesiones, incluyendo, por ejemplo, una evaluación de propuestas por parte de la CNTV que garantice la contribución a la diversidad del país.
Para la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital la única demanda que se ha aprobado fue la gratuidad y no por completo. Si bien se asegura la gratuidad de la televisión abierta no se menciona nada sobre los servicios intermedios de infraestructura, o de lo servicios anexos. De los 11 puntos que solicitó esta articulación ciudadana solo se obtuvo la mitad de uno. Se hizo también un llamado de atención sobre la situación de los actuales canales comunitarios que podrían quedar fuera de todo reconocimiento legal, y se cuestionó la entrega de un segundo canal a Televisión Nacional, sin antes haber definido cuál será su uso.
Algunas de las mociones centrales solicitadas por la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital que se perdieron son: La que creaba un transportador público para los canales sin fines de lucro; la modificación en la composición del CNTV y de TVN; el no pago de los canales pequeños a los cable operadores para estar en la grilla; la reserva del 40% del espectro para estaciones educativas, comunitarias, regionales y locales sobre el total y no sobre el porcentaje remanente; la definición de un porcentaje explícito de producción nacional independiente en la programación de los canales; la capacidad del Estado para ofrecer canales de TV educativa, entre otras.
