A lo largo del 2012 se evidenciaron amenazas a la libertad de prensa en Colombia. A pesar de ser un derecho fundamental signado en su constitución desde el año 1991, la libertad de prensa sigue siendo vulnerada, tanto en hombres de prensa de medios digitales como no digitales, donde la censura en la red no es el único ni el más grave de los problemas, según el informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
La fuerte ola de violencia contra la libertad de prensa se expresa de diferentes formas de acuerdo a la ubicación geográfica del periodista o medio, ya que si estos se encuentran inmersos en el campo rural y expuestos a los conflictos internos, serán propensos a las acciones ilegales de agentes que puedan establecer censura o forzar a la publicación de cierta información que les sea favorable en los medios locales. Por su parte, en los medios regionales, que en su mayoría se encuentran financiados por publicidad de los gobiernos locales, se dan casos de autocensura por el temor de perder su fuente de financiamiento. La publicidad es entonces una herramienta de presión y censura que ha resultado, lamentablemente, eficaz para coaccionar los contenidos de la programación de distintos medios.
De la misma manera, los medios digitales han visto vulnerada su libertad de prensa pues en 2010 se registraron cuatro casos de censura e intentos de censura a periodistas y medios de comunicación. El ejemplo de la censura al caricaturista “Bacteria” por la publicación de una caricatura titulada “Acomodando las encuestas”, durante la contienda presidencial, repercutió en el bloque de su cuenta de Facebook. De la misma manera la web Contravia.tv, tras haber vertido una crítica al gobierno, fue hackeada.
Recogiendo los casos anteriores, en febrero de 2011 la Flip presentó el informe “El olvido de la justicia”. En él se resaltan la impunidad en los casos de asesinato de periodistas: el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 siguen impunes. Según el informe, son 29 los casos en investigación preliminar, 14 las sentencias condenatorias para autores materiales, tan solo una orden de captura y 71 casos sin información, entre los datos más alarmantes. Otras cifras recogidas por el informe señalan 8 investigaciones suspendidas y 5 sentencias condenatorias para autores intelectuales, etc.[1].
Uno de los casos más polémicos durante el año 2012 fue el asesinato del periodista Argemiro Cárdenas[2], director de la emisora Metroradio, en plena vía pública. Según la web eldiario.com.co el sicario, quien iba a pie, disparó 6 veces contra el ex alcalde de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, huyendo luego con una persona en moto. Cárdenas fue también fundador de las radioemisoras Dosquebradas Estéreo ahora llamada Metroradio, y Santa Rosa Estéreo, hoy llamada Café Estéreo.
Con el ejemplo anterior se confirma el hecho de que las agresiones a los hombres de prensa en Colombia no se quedaron solo en la obstaculización del ejercicio pleno de la libertad de prensa durante el 2012, además de ellos, los profesionales de la comunicación se vieron afectados por la creciente violencia contra los medios de comunicación debido a que muchas veces se encontraron en medio de enfrentamientos entre la fuerza del orden y los guerrilleros, recibiendo amenazas directas y atentados contra sus equipos y locales.
Producto esta tensión entre ejército y guerrilla, la noche del 3 de julio la antena de la emisora comunitaria “Voces de Nuestra Tierra”, ubicada en Jambaló, fue destruida como consecuencia de un enfrentamiento, dejándola sin posibilidad de transmitir y perjudicando la libertad de expresión de las comunidades indígenas del Cauca.
Las comunidades indígenas han pedido el cese de la violencia que los convierte en escenario del conflicto entre guerrilla y Ejército colombianos y los expone a la agresión de ambas partes en disputa. Estas emisoras requieren de una mayor protección por parte del Estado para que se garantice un eficiente ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ello requerirá un trabajo conjunto entre Estado, guerrilla y sociedad civil para la desmovilización del personal militar en la zona y el inicio de la negociación de un acuerdo de paz.
Por otro lado, en marzo del 2012 la Relatoría Especial de la OEA se mostró abiertamente en contra de dos casos que atentan contra la libertad de expresión: el primero, la condena impuesta a un periodista; y el segundo, la ejecución de un atentado contra el director de una radio.
En el primer caso, el periodista Luis Agustín Gonzáles, director del diario Cundinamarca Democrática, fue condenado por el delito de injuria a 18 meses de prisión y el pago de 17 salarios mínimos –equivalente a aprox. $5,000- por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en Colombia, resultando absuelto del cargo de calumnia. La demanda fue hecha por Leonor Serrano de Camargo, ex gobernadora, quien consideró como una afectación a su honra un editorial publicado en 2008 para la edición 44 del mencionado diario.
El caso se convirtió en un tema de coyuntura por lo que el presidente Juan Manuel Santos llegó a manifestarse en contra de la condena e indicó que la crítica a funcionarios públicos no debería penalizarse puesto que atenta contra la libertad de expresión y restringe una herramienta para la efectiva veeduría ciudadana de las gestiones de sus autoridades. Es preocupante el caso de la aplicación de delito de injuria a quienes denuncian irregularidades en funcionarios de cargo público puesto que ellos deben soportar críticas a un trabajo al que accedieron voluntariamente y que conlleva una enorme responsabilidad.
En el segundo caso, la Relatoría Especial de la OEA condenó el atentado terrorista contra Fernando Londoño Hoyos, director de un programa matutino en la Cadena Radial Súper en Bogotá, que tuvo como consecuencia la muerte de 2 escoltas. Hizo además un llamado a las autoridades a investigar con prontitud y de manera exhaustiva el caso para dar con los responsables y que éstos reciban las penas que por ley merecen.
El hecho tuvo lugar el día 15 de mayo cuando un explosivo detonó en el vehículo del ahora ex ministro del Interior y de Justicia, resultando muertos el conductor Ricardo Rodríguez y el escolta Rosemberg Burbano. Además de estas dos víctimas se pudo registrar 41 heridos, algunos de ellos de gravedad. El ex ministro habría recibido seguidas amenazas por lo que se le asignó un equipo de seguridad el cual incluyó un auto blindado, gracias al cual pudo salvarse de morir. El presidente colombiano hizo evidente su rechazo al atentado ofreciendo una recompensa de hasta 500 millones de pesos -US$280.000- a quien pudiera dar información de los perpetradores de este hecho.
Las acciones delictivas en contra de los periodistas, sus medios de comunicación y los equipos o locales con los que trabajan, representan un grave impedimento al ejercicio de la libertad de expresión al tratar de silenciar voces y entorpecer el diálogo democrático en temas de interés nacional, obstaculización que solo persigue interés individuales y que debe ser sancionada con todo el peso de la ley.
