Cara y Señal #14
Editorial
Equipo Cys 14
AMARC 10 / Comunicación Comunitaria
AMARC Argentina, anfitriona
Plurales singulares
Textuales
La red manifiesta
Lo local en lo global
Camisetas amarillas
El instante, la instancia, la insistencia
Entrevista
Carlos Aparicio
La red
8 años en 5.500 caracteres
La región de las islas unidas
Movimientos sociales
No cabe en tu moneda / Chile
La radio
Centinela de sonidos
Dispositivos (e) imaginarios
Género
Desentraña la trama
Pueblos originarios
La ciudad de donde hemos venido
Derecho a la comunicación
Una ley contra la ley / Paraguay
Contra el control / Panamá
Grandes como os desafios / Brasil
Incidir y seguir / Bolivia
La potencia del pueblo / EEUU
Sabías qué?
Reunión de representantes / Perú
Casa mundial / Canadá
Empresa social sustentable / Colombia
Foro de economía social / Canadá
Jóvenes previniendo el HIV / México
(Derecho a la comunicación)
La distribución de las ondas / Paraguay
Una ley contra la ley
En Paraguay, el 80% de la tierra está en manos del 1% de la población, la fracción que mayores recursos detenta. El mismo modelo de distribución se repite en el espectro radioeléctrico: los grandes grupos empresariales acaparan la mayoría de las frecuencias mientras los medios comunitarios son tildados de «piratas e ilegales». Este es el escenario de una pulseada para equilibrar el acceso a las frecuencias. La disputa está en su apogeo. Unas 200 radios comunitarias están pendientes de la definición de esta discusión.
Por AMARC Paraguay
Las organizaciones sociales se opusieron y forzaron el veto del presidente Fernando Lugo. La Cámara de Diputados primero y el Senado después rechazaron el veto y se consolidaron las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones que restringen las operaciones de las radios comunitarias. Establece para estas emisoras un límite de 300 vatios de potencia y les prohíbe recibir financiación pública o privada. A la vez, dispone severas sanciones, penales incluso, para quienes operen las señales sin haber completado todas las documentaciones -engorrosas por cierto- dispuestas por la entidad reguladora del sector, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Este proyecto fue impulsado por los diputados Víctor Bogado, del Partido Colorado -agrupación que dejó el gobierno en 2008 tras más de 60 años, dictadura de Alfredo Stroessner incluida- y Oscar Tuma, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos -cuyo principal referente es el general retirado Lino Oviedo- quien calificó a las radios comunitarias como «piratas e ilegales». Desde ese enfoque está delineada la normativa, que confina a las emisoras populares a transmisiones de pequeña o mediana cobertura y a la asfixia económica.
En paralelo, la CONATEL sigue adelante con el proceso de legalización bajo la figura de emisoras comunitarias de radios que en la práctica no son tales.
Severos riesgos para el crecimiento de la comunicación comunitaria, que contribuye a la autogestión de las comunidades en áreas como educación, salud y formación cívica. El panorama está agitado. La movilización social es y será determinante.
A espaldas del pueblo
A este escenario se sumó la presentación de una nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por el diputado Héctor Ocampos (UNACE), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Antes de manifestar las sospechas que este proyecto genera en relación a la consolidación de los intereses de sectores hegemónicos de la comunicación, las agrupaciones de medios comunitarios demandaron que se amplíe la participación en el debate.
El Colectivo por la Democratización de las Comunicaciones llamó la atención «sobre la manera en que se viene realizando el estudio y la discusión de la iniciativa del diputado Ocampos, priorizando a las cámaras empresariales de radios, televisión, publicidad y telefonía móvil.» Insistieron en que «no se ha tenido en cuenta a diversos sectores sociales directamente vinculados con las comunicaciones, sobre todo las organizaciones del campo y de la ciudad que trabajan desde hace décadas con las radios comunitarias». Por eso, instaron a las organizaciones e instituciones paraguayas y a los «órganos estatales que se consideren democráticos y entiendan a la comunicación como un derecho elemental» a introducir esta discusión en sus agendas de trabajo.
Igualmente, Voces Paraguay -que reúne a emisoras comunitarias y ciudadanas- criticó la iniciativa del diputado Ocampos y resaltó la necesidad de una discusión con la sociedad. Desde el Colectivo por la Democratización de las Comunicaciones, Alcides Villamayor y Jorge González coincidieron en que «una nueva Ley de Telecomunicaciones afectará a toda la población, por ello no puede ser definida entre cuatro paredes. Debe ser fruto de un proceso transparente y de un debate nacional participativo». Y advirtieron también que este proyecto provino de la misma bancada que el de criminalización y ahogamiento de las radios comunitarias nacionales, cuestionado por la Relatoría sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Esta articulación, compuesta por agrupaciones de periodistas, cooperativas, Universidades, sindicatos y redes de medios comunitarios -COMUNICA y AMARC Paraguay entre ellos- se conformó precisamente en torno a la demanda de políticas públicas que garanticen la democratización de las comunicaciones.
El Colectivo reivindicó la necesidad de una nueva ley que regule las telecomunicaciones en el país, que parta del reconocimiento de la comunicación como un derecho de todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso al espectro radioeléctrico como dispone la Constitución Nacional.
Objeción
Estas agrupaciones están impulsando una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones y, específicamente, las modificaciones que restringen a los medios comunitarios, que será presentada a la Corte Suprema de Justicia. La medida tiene fundamento jurídico en la Constitución paraguaya y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En Paraguay, la libertad de expresión es consagrada como derecho de rango constitucional junto a la libertad de prensa. Además, este país se comprometió a garantizar tal derecho al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A escala regional, se cuenta con los Principios sobre libertad de expresión elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000.
En contradicción con estos estándares internacionales, persiste en Paraguay la negación de los derechos de las comunidades a contar con emisoras propias. «En la actualidad el derecho de las mayorías se encuentra vulnerado, y nuestro ordenamiento jurídico está sumamente rezagado respecto de los parámetros y mecanismos democráticos, conquistados por otros pueblos de nuestra región», insisten desde el Colectivo por la Democratización de las Comunicaciones. •
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