EN ESTE NÚMERO (14)
 
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Cara y Señal #14
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AMARC 10 / Comunicación Comunitaria
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  Foro de economía social / Canadá
  Jóvenes previniendo el HIV / México


(AMARC 10 / Comunicación Comunitaria)
La comunicación democrática

El instante, la instancia, la insistencia

AMARC 10 se realizó en momentos en que la lucha por el derecho humano a la libertad de expresión tiene un lugar destacado para robustecer la democracia a nivel global, nacional y local. Que los diversos actores sociales e identidades culturales sean reconocidos como legítimos es condición de la convivencia democrática. En ese sentido, la misión de los medios comunitarios es permitir que esa diversidad tenga expresión para evitar que se convierta en desigualdad. Los más de 600 representantes de radios comunitarias de 87 países reunidos en La Plata son expresión de esa voluntad, de mujeres y hombres comprometidos con el cambio social desde la radio comunitaria.

Por María Pía Matta*

Casi un año ha pasado de la realización de AMARC 10, la Asamblea Mundial de nuestra red que dejó una alta vara al movimiento global de radios comunitarias. No sólo por su exitosa y participativa organización, sino porque Argentina, el país que nos recibió, acababa de dar un paso importante en la democratización de las comunicaciones con la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en reconocer sin discriminación a las radios comunitarias.

En este año, las revoluciones populares del Norte de África que derribaron varios gobiernos autoritarios, las sucesivas protestas de «los acampados» en España y Francia primero, y del movimiento de «los indignados» en todo el mundo por estos días, muestran una ciudadanía activa que demanda participación y transparencia. Habría que preguntarse qué sucede cuando los ciudadanos embarcados en la experiencia democrática comprueban que ella se divorcia de su contenido de libertad, de justicia y de progreso. Preguntarse cuánta pobreza y desigualdad resisten las libertades conquistadas por la democracia.

Estamos ante un escenario diferente al que pintaban los grandes medios de comunicación en los 90 con el fin de la historia y la naturalización del neoliberalismo como única solución para el planeta. Es un escenario con protagonistas ciudadanos que protestan por sus derechos y contra los abusos del poder.

En este proceso, el rol de las radios comunitarias es importante en diversas dimensiones de su quehacer. Primero, porque pueden hacer un acumulado social, político y cultural capaz de poner en escena la diversidad de la protesta. No desde la neutralidad, sino desde el asociativismo comunicacional. La diversidad, tan denostada por los medios tradicionales, requiere de una discursividad que nutra vertientes de nuevos paradigmas de la vida en democracia.

El ejercicio del derecho a la comunicación posibilita la deliberación pública, en tanto permite que las diferencias se expresen y salgan de su aparente neutralidad.

Es por eso que como movimiento de radios comunitarias debemos seguir demandando el rol del Estado, la más pública de nuestras instituciones, para que promueva la regulación del sistema de medios de comunicación entregando autonomía tanto jurídica como económica. Diversas declaraciones de organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión apoyan el principio de que la razón de ser de la regulación a la radiodifusión es la promoción de la diversidad y el pluralismo.

Ha sido el movimiento de radios comunitarias el que ha instalado en el mundo la reflexión sobre el derecho a la comunicación y las nuevas acepciones del ejercicio de la libertad de expresión. Son los activistas de medios comunitarios de Asia, África, Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe los que expanden el debate sobre el derecho a la comunicación en los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, en especial en las agendas del siglo XXI.

De los procesos sociales vividos en la última década, el movimiento de medios comunitarios ha aprendido que la libertad de expresión es un derecho que la ciudadanía debe tener garantizado en todo proceso político. Sólo así se pueden generar condiciones para que la ciudadanía participe del debate público. Esto implica demandar a los Estados que garanticen condiciones justas para la gestión de medios por parte de la sociedad civil organizada. También requiere una acción efectiva para oponerse a las dinámicas de control de la información y de ilegalización de la protesta social, que invisibiliza las desigualdades de género, etnia y clase que componen el carácter diverso de nuestras sociedades.

Profundicemos los debates, más aún hoy, cuando el ejercicio de la libertad de expresión debe ser empujado por la apropiación y usos sociales del campo de enorme potencial que abren las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Interpelemos al poder político para generar un Estado democrático capaz de promover un sistema democrático de medios; al poder social para que haga un ejercicio crítico y de fondo que anime una acción político social como ejercicio pleno de la libertad de expresión en tanto sujeto individual y colectivo del derecho a la comunicación. •


Notas:
*Presidenta de AMARC




 
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